Thursday, November 29, 2007

Por si quedaban dudas de que este país no sirve

y a riesgo de repetirme demasiado, no puedo dejar pasar la nota que ha surgido hoy (del periódico Reforma):




Absuelve Corte a Mario Marín

La mayoría de los ministros señaló que no hay evidencia contundente de que existió conspiración de autoridades

Víctor Fuentes

Ciudad de México (29 de noviembre de 2007).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó hoy condenar al Gobernador de Puebla, Mario Marín, por la supuesta violación grave de garantías contra la escritora Lydia Cacho.

Por 6 votos contra 4, la Corte estableció que si bien en el caso se presentaron actos indebidos y algunas violaciones de garantías, éstas no fueron graves y por tanto no ameritan un pronunciamiento del máximo tribunal.

Además, la mayoría señaló que no hay evidencia contundente de que existió una conspiración de autoridades para agilizar la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Cacho por el libro "Los Demonios del Edén".

"No se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa", dijo la ministra Olga Sánchez, quien consideró que la acción penal por difamación contra Cacho se desarrolló en términos legales.

"La llamada telefónica (entre Nacif y Marín), aún suponiéndola probada en toda la extensión, no surte un ponerse de acuerdo del Ejecutivo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ni una orden a la procuraduría, para que actuando conjuntamente consumaran actos ilegales en contra de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho", afirmó el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Margarita Luna y Sergio Valls se sumaron a Ortiz y Sánchez.

Esta última afirmó incluso que Cacho fue sometida a "tortura psicológica" durante su traslado de Cancún a Puebla, en diciembre de 2005, pero que se trató de una afectación menor, remediable con otros recursos jurídicos.

Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el encargado de la investigación, Juan Silva Meza, integraron el bloque que sostuvo tanto la violación grave de garantías, como la responsabilidad de Marín y otros 29 funcionarios estatales.

"Son muchas, pequeñas, acumuladas, constantes las violaciones, y es el patrón lo que genera la violación", afirmó Cossío, quien aceptó que no está claro si durante el traslado se torturó a Cacho.

"Tengo la convicción de que en un estado democrático de derecho no hay lugar para la impunidad", dijo Silva, cuando ya era claro que el caso estaba perdido.

Para este grupo, el concierto de autoridades para afectar a Cacho es en sí mismo una violación grave de garantías, pero la mayoría no estuvo de acuerdo.

El fallo puso fin a un caso que estuvo casi dos años en la Corte y requirió dos comisiones investigadoras a partir de abril de 2006, luego que estalló el escándalo por la difusión de la llamada telefónica en la que Nacif agradeció a Marín su apoyo en el caso.

De haber sido aprobado el dictamen de Silva contra Marín, la Corte lo hubiera turnado al Congreso y a otras autoridades, aunque éstas no hubieran tenido obligación legal de tomar medidas específicas.

"Consta que (Cacho) fue recibida por la persona que preside el organismo de derechos humanos de Puebla, consta que se le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, y dijo que no", narró Salvador Aguirre, en referencia al traslado de Cacho.

"Con posterioridad van cambiando las versiones. Para mí merece fe y crédito su espontánea declaración ante la persona encargada de los derechos humanos", agregó Aguirre, quien se burló de la versión de una "intimidante camioneta blanca" que siguió a Cacho durante su traslado.

Mariano Azuela reiteró que la Corte sólo debe investigar violaciones de "gravedad especialísima", mientras que Sergio Valls simplemente señaló que no está probada dicha violación.

En abril de 2006, cuando se aceptó la solicitud del Congreso para investigar, Sánchez y Valls estuvieron a favor; Guillermo Ortiz y Margarita Luna siempre se opusieron, y hoy reiteraron su postura.

Hasta aquí la noticia del gober precioso. Si aún no estaba suficientemente claro, es evidente que la ley no se aplica en este país. Si se es gobernador, influyente, político, empresario adinerado, etc., las leyes se aplicarán de una manera favorable a los inculpados. En cambio, si se es pobre, uno más de la calle, se le puede aplicar la ley c on todo rigor, ¿o me equivoco?

1 comment:

Manuel "el ruso" García said...

Acabo de pasar una semana terrible que me dejó en la lona en mis finanzas, mi doctorado y consecuentemente en mi ánimo. Por eso pido que alguien por favor, después de esta absolución del góber pechocho, me salga con que en México sí hay separación de poderes y que la justicia sí es imparcial y autónoma del poder ejecutivo, para que que me se me olvide mi trago amargo a punta de risotada tras risotada loca.